La CE propone un régimen lingüístico sin el español para la patente europea

La Comisión Europea propuso hoy un régimen lingüístico para el futuro sistema común de patentes que descarta incluir el español y mantiene los tres idiomas vigentes (inglés, francés y alemán), con el argumento de abaratar los costes de registro para fomentar la innovación y el crecimiento económico.

El proyecto de crear una patente común que simplifique el costoso sistema actual lleva treinta años bloqueado por la división entre los países que, como España, apuestan por un modelo lingüístico más plural; y los que prefieren adaptar el modelo vigente, que implica aceptar que éstas sólo se registrarán en inglés, francés y alemán.

El comisario de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, argumentó que ha hecho "muchos esfuerzos" en los meses pasados para satisfacer las exigencias españolas y que llegó a proponer que se tradujeran también al español y al italiano las alegaciones (la parte del documento donde se define la amplitud de la protección de la invención), lo que supondría un incremento de los costes de traducción de cada patente de 1.360 euros, según la CE.

Sin embargo, la presidencia española descartó esta propuesta por considerarla insuficiente, según Barnier, por lo que el comisario decidió volver a su idea inicial que, de todos modos, debe ser aprobada por unanimidad de los Veintisiete, una vez que el Parlamento Europeo haya formulado una opinión sobre la misma.

En este sentido, Barnier insistió en la necesidad de aprobar un nuevo sistema de patentes que simplifique el actual, diez veces más caro que el estadounidense, lo que supone una merma a la competitividad de la economía europea.

Actualmente, el "caro y complejo" sistema de patentes europeo establece que sea la Oficina de Patentes Europea, con sede en Múnich (Alemania), la que otorga las patentes europeas.

Sin embargo, numerosos estados miembros exigen distintos requisitos y traducciones a su idioma local para validar el documento, lo que provoca que numerosos inventos europeos estén registrados en un número limitado de estados miembros, dejando la puerta abierta a la falsificación y la piratería en otros países, según el comisario Barnier.
La Comisión Europea estima que una patente validada sólo en 13 de los Veintisiete estados miembros cuesta 20.000 euros, de los cuales 14.000 corresponden a los costes de traducción, una cifra diez veces superior a los 1.850 millones que cuesta el mismo trámite en Estados Unidos.

El Ejecutivo comunitario calcula que con su propuesta de hoy, los costes de registro de una patente válida en los Veintisiete estados miembros se verían reducidos a 6.200 euros, de los cuales sólo el 10% corresponderían a gastos de traducción.

Bruselas propone que el texto completo de la patente sea registrado en uno sólo de los idiomas oficiales y las alegaciones en los otros dos.

De este modo, sólo en caso de que hubiera algún litigio judicial sería necesario efectuar más traducciones, lo que sólo ocurre en el 1% de las patentes, según la CE.

Además, Barnier propuso que los candidatos que procedan de países con idiomas oficiales distintos al inglés, francés o alemán podrán hacer la solicitud de patente en su idioma y pedir que la oficina se haga cargo de los costes de traducción.

Preguntado por la influencia de su condición de ciudadano francés en su propuesta de hoy, dado que la traducción a un sólo idioma (inglés) sería mucho más barata, Barnier insistió en su imparcialidad y dijo que, aunque a primera vista una única traducción sería mucho más atractiva, el 48% de los candidatos de la Oficina Europea de Patentes hicieron los trámites en francés o alemán en 2009.

Los Veintisiete aprobaron la creación del sistema común de patentes en noviembre pasado, pero decidieron aparcar el debate lingüístico dadas las evidentes diferencias existentes entre las distintas delegaciones, hasta que la Comisión Europea presentara una propuesta, que ahora debe ser aprobada por unanimidad en el Consejo.

El asunto de la patente europea también está pendiente de una decisión del Tribunal de Justicia Europeo, que a finales de año dictaminará si el nuevo sistema es compatible con los tratados de la UE.

Bruselas, 1 jul (EFE).-


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